Entre febrero y mayo de 2018, 27 personas fueron detenidas arbitrariamente y desaparecidas en Nuevo Laredo, Tamaulipas; 12 más fueron ejecutadas de forma extrajudicial. Los responsables vestían uniforme, portaban armas largas y se desplazaban en camionetas con la leyenda Marina; no eran delincuentes infiltrados, sino elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina, la UNOPES, el brazo de élite de las fuerzas federales desplegado en la frontera tamaulipeca durante el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Ocho años después, el Estado mexicano terminó de absolver a todos y cada uno de ellos.
El 11 de mayo de 2026, un juez federal con sede en Ensenada, Baja California, a más de dos mil kilómetros de donde ocurrieron los hechos, dictó la absolución de los últimos nueve marinos procesados; con eso, la Fiscalía General de la República acumuló cuatro juicios perdidos en el mismo caso. En total, 30 elementos fueron detenidos y vinculados a proceso en 2021 y ninguno permanece en prisión. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió de inmediato su comunicado de alarma: la decisión contraviene la Recomendación 36VG/2020, en la que se documentaron las violaciones graves a derechos humanos y se ordenó reparación integral del daño; esa reparación, seis años después, no ha llegado a las familias, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tampoco ha cumplido. El proceso migró del Centro de Justicia Penal Federal en Reynosa a un juzgado en Ensenada sin que ninguna autoridad explicara públicamente los criterios que justificaron ese traslado.
Lo que ocurrió en Nuevo Laredo no fue un exceso operativo ni una falla de coordinación; fue una estructura: detenciones sin registro, traslados clandestinos, cuerpos que no aparecen, familias que recorrieron bases navales, ministerios públicos, hospitales y funerarias sin obtener una sola respuesta. La CNDH lo verificó, lo documentó y emitió una recomendación con número de expediente y víctimas identificadas; la FGR lo procesó, lo argumentó en cuatro rondas distintas y lo perdió las cuatro veces. El patrón no es incompetencia: es la descripción precisa de cómo opera la impunidad cuando un Estado investiga sus propios crímenes con los instrumentos que él mismo controla, ante jueces que él mismo designa y en jurisdicciones que él mismo puede mover.
Quien concentra el monopolio de la violencia legítima concentra también el monopolio de decidir qué violencia merece castigo y cuál no; cuando ese mismo poder se sienta en el banquillo, decide además quién lo juzga, desde dónde y con qué pruebas. El cambio de jurisdicción de Reynosa a Ensenada no fue un accidente procesal, sino la geometría del poder calculando la distancia adecuada entre el crimen y el veredicto; y el veredicto, en los cuatro intentos, fue el mismo.
Lo que la CNDH acreditó existe en los registros del propio Estado: 27 personas detenidas y desaparecidas, 12 ejecutadas de forma extrajudicial, una recomendación formal con nombre y número. Lo que los cuatro fallos producen es algo distinto: no la prueba de que no ocurrió, sino la certificación institucional de que ocurrió sin responsables. Esa es la diferencia entre la verdad y la impunidad; ambas conviven, con perfecta tranquilidad, en el mismo expediente.
El discurso oficial de seguridad en Tamaulipas habla de semáforo verde, de reducción histórica de homicidios, del Índice de Paz 2026 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, que ubica al estado como la entidad con la mayor mejora general del país. Esos indicadores son reales y no son irrelevantes; la reducción de violencia homicida en una entidad históricamente lastimada merece reconocimiento sin condiciones. Pero el semáforo verde mide la violencia del presente, no el saldo de la violencia institucional acumulada, y las familias de Nuevo Laredo llevan ocho años esperando que alguna de las dos relojerías del Estado, la que registra homicidios y la que repara daños, funcione al mismo tiempo.
La política pública de seguridad en México sigue diseñada para medir resultados visibles: homicidios, detenciones, decomisos; carece de instrumentos robustos para registrar la deuda de justicia acumulada: cuántos casos de violaciones graves cometidas por fuerzas del Estado permanecen en impunidad, cuántas recomendaciones graves de la CNDH no se han cumplido, cuántas familias de víctimas de desaparición forzada institucional no han recibido reparación. El poder narra sus avances con los indicadores que él mismo selecciona; lo que no entra en el indicador no aparece en el reporte, y lo que no aparece en el reporte no genera presupuesto, no activa consecuencias y no obliga a rendir cuentas. Así construye el Estado securitario su imagen de normalidad: midiendo únicamente lo que ya decidió controlar.
Lo que este caso exige no es indignación; exige rediseño institucional con consecuencias concretas. La FGR necesita unidades especializadas en litigio de violaciones graves cometidas por agentes del Estado, con fiscales que no roten de expediente en expediente, con acceso autónomo a evidencia que las propias instituciones investigadas no puedan retener y con mecanismos de supervisión externa independiente. El sistema de reparación integral a víctimas requiere presupuesto etiquetado, plazos con consecuencias administrativas verificables y supervisión que no recaiga en los mismos organismos que incumplieron. Los criterios para cambios de jurisdicción en casos de violaciones graves deben ser públicos, objetivos y auditables; un proceso que inicia en Reynosa y concluye en Ensenada sin explicación verificable no es una decisión judicial, es una decisión política.
Treinta marinos libres no son la prueba de que el Estado funciona; son la prueba de que aprendió a administrar sus propias deudas sin liquidarlas. La legitimidad de cualquier orden institucional descansa en que sus propias reglas le apliquen también a él, sin excepciones de uniforme ni de jurisdicción conveniente. Las familias de Nuevo Laredo llevan ocho años esperando que México lo entienda.
