En las últimas semanas se ha mantenido una constante: la depuración de servidores públicos del poder estatal. Y si bien todo ejercicio del poder requiere del suficiente oxígeno para conservar su funcionalidad, los vacíos institucionales pueden resultar perjudiciales.
Entre filtradores, filtradores de los filtradores y cribadores de los filtradores de filtradores —como telaraña del lenguaje—, en el ambiente que gira en torno a los movimientos de gobierno, ante la opacidad, surgen la especulación y los señalamientos infundados.
En innumerables cuentas de redes sociales, bajo el anonimato y con el respaldo de grupos de poder, son constantes las publicaciones sobre actos de corrupción de funcionarios, exfuncionarios y personas en funciones.
Las descalificaciones se dan en supuestas filtraciones cuando se trata de señalamientos de corrupción, pero han escalado al plano personal y bajo tonos de moralidad (en un gobierno supuestamente progresista).
Mucha de la información proviene de las oficinas de funcionarios de primer nivel, justo por debajo de titulares y directivos, y la misma fórmula se aplica en dependencias como salud y educación, seguridad pública e incluso entre las mismas autoridades encargadas de fiscalizar el ejercicio del presupuesto público.
Y, más allá de la guerra sucia que se da en la antesala de los procesos electorales, esto demuestra el vacío heredado del desmantelamiento de los organismos autónomos que, hasta poco antes de la salida de AMLO del poder, funcionaban en el gobierno federal y en los estados.
Aunque el acceso a la información es un derecho de cualquier mexicano, la falta de un organismo autónomo que garantice las peticiones provenientes de la ciudadanía y el estado de los señalamientos por filtraciones provenientes desde el poder propician persecuciones políticas de menor a mayor escala, sin la legitimidad de ser un escrutinio público justo.
En la parte inicial del gobierno cabecista, una de las constantes para desacreditar a funcionarios públicos tras la transición con el PRI era la de “exponer” a todos aquellos que operaron a favor de un candidato priista. La primera embestida al ITAIT la propició el mismo cabecismo, para someterlo y deliberar información a modo. Ya con Morena en el poder estatal, en lugar de rescatarlo y darle una mayor apertura, se le dejó consumarse hasta desaparecer junto con el INAI en la transición AMLO–Sheinbaum.
El uso malintencionado de información filtrada, sin un acceso a la información efectivo para la ciudadanía en general, representa un revés democrático que nos remonta al régimen de partido y devuelve al poder un recurso para inhabilitar voces críticas o adversarios mediante el sometimiento, pues el suelo no es parejo al momento de requerir la información.
Y propicia una inestabilidad desde el gobierno que, entre otras cosas, provocaría movimientos constantes en una etapa de la actual administración crucial para el futuro de un proyecto político que, a nivel nacional y también local, es constantemente embestido desde Estados Unidos y por algunos actores externos al poder en turno.
@pedroalfonso88
