La advertencia de las florerías de Reynosa, víctimas de extorsión, elevó la alerta del sector empresarial sobre la alta incidencia de este delito.
Representantes de la iniciativa privada insistieron en que los registros oficiales de denuncias y víctimas documentan apenas una fracción de los casos.
En Tamaulipas, los registros de la FGJT correspondientes al primer semestre de 2026 documentan 34 denuncias formales por el delito de extorsión y otras 20 por extorsión en grado de tentativa, de acuerdo con datos difundidos por la propia dependencia estatal.
El desglose mensual de la Fiscalía muestra que las denuncias por extorsión cometida por medios distintos al contacto físico —es decir, llamadas telefónicas u otros mecanismos remotos— sumaron tres casos en enero, cuatro en febrero, siete en marzo, tres en abril, ocho en mayo, cinco en junio y cuatro en julio, mientras que las tentativas registradas bajo la misma modalidad fueron cinco en enero, ninguna en febrero, cuatro en marzo, tres en abril, tres en mayo, una en junio y cuatro en julio.
En el mismo periodo, el número total de víctimas de extorsión o tentativa de extorsión ascendió a 57 personas, según el corte oficial de enero a julio de 2026.
Los registros oficiales de la Fiscalía reportan, además, cero casos de extorsión presencial y cero tentativas de extorsión presencial durante ese mismo periodo, una cifra que contrasta con los señalamientos de organismos empresariales y con casos documentados públicamente —como el de comerciantes de flores en Reynosa— en los que la coacción se ejerció mediante visitas directas de sujetos armados y la imposición de proveedores en el propio
establecimiento.
Las propias cámaras y organizaciones civiles de la entidad calculan que entre el 98 y el 99 por ciento de las extorsiones en Tamaulipas no llegan a concretarse en una denuncia formal ante el Ministerio Público.
El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, advirtió recientemente en conferencia de prensa en Matamoros que cinco de cada diez empresarios afiliados a la organización han sido víctimas de al menos un delito en lo que va del año, encabezados por el robo de mercancías, la extorsión —que incluye el cobro de piso— y, en tercer lugar, el robo a transporte y los delitos cibernéticos.
Sierra Álvarez calificó la extorsión como el delito que más ha crecido en la última década a nivel nacional, con un incremento del 70 por ciento, y como el que registra la cifra negra más alta entre todos los delitos, debido al temor de las víctimas a represalias y a la desconfianza hacia la autoridad.
El cobro de piso como industria paralela
El cobro de piso se consolidó como el delito de mayor penetración económica en Tamaulipas, por encima incluso de los homicidios dolosos en el registro cotidiano de la vida comercial de la frontera norte del país, de acuerdo con organismos empresariales que dan seguimiento al fenómeno.
Un motociclista que entrega un sobre manila, una llamada desde un número desconocido que exige una cuota semanal, hombres armados que visitan un local por la mañana: la coacción diaria sustituye a la balacera como forma dominante de violencia criminal en la entidad.
El fenómeno no nació con la violencia armada de los grandes cárteles. En los años dos mil, la extorsión era rudimentaria y virtual, operada por delincuentes comunes que simulaban secuestros exprés desde llamadas con fines de fraude rápido y sin estructura criminal detrás.
La fragmentación progresiva de los grandes cárteles de la droga obligó después a las células locales a diversificar sus fuentes de financiamiento, de manera que el trasiego de estupefacientes dejó de ser la única vía de ingreso para los grupos con control territorial en el estado.
Las células armadas pasaron entonces de cobrar por el paso de droga a tasar el metro cuadrado construido, el litro de combustible vendido y la tonelada de grano cosechado en los valles agrícolas, convirtiendo la coacción en una industria paralela y lucrativa.
El cobro de piso físico opera de forma frontal y cotidiana: sujetos armados o en motocicleta llegan a tiendas de abarrotes, talleres mecánicos, farmacias, florerías, constructoras y gasolineras a exigir pagos periódicos bajo amenaza directa y sin intermediarios. Las cuotas no se fijan al azar, sino que varían según el tamaño del negocio, su ubicación geográfica y los flujos estimados de dólares que mueve, un rasgo propio de la dinámica económica en la frontera con el estado de Texas, donde circula más efectivo en moneda extranjera.
La Cámara Nacional de Comercio y la Confederación Patronal de la República Mexicana ubican al comercio minorista, al transporte de carga y pasajeros y a los mercados rodantes como los sectores más golpeados por esta modalidad de extorsión directa y sostenida en el tiempo, los cuales concentran, de acuerdo con las cámaras empresariales, más del 70 por ciento de las denuncias informales que los propios comerciantes reportan de manera extraoficial, al margen de la estadística que lleva la Fiscalía en sus registros públicos.
Al menos tres de cada diez negocios que soportan cobro de piso prolongado cierran, quiebran o se mudan a otra ciudad antes de cumplir un año bajo extorsión continua, estiman organismos empresariales que dan seguimiento al fenómeno.
En Reynosa y Matamoros, locatarios de mercados públicos que intentaron organizarse en frentes comunes para rechazar el pago masivo de cuotas fueron blanco de atentados selectivos por parte de las células que cobran la plaza en cada uno de esos municipios, de acuerdo con reportes gremiales que documentan la ejecución de locatarios señalados como los más vocales y la quema intencional de establecimientos comerciales como mensaje aleccionador dirigido al resto del sector productivo local.
El caso de las florerías de Reynosa
El episodio que mejor ilustra la magnitud del fenómeno y la respuesta institucional ante él ocurrió en el gremio floricultor de Reynosa. A través de redes sociales, negocios como Florería Neys, Esencia Florería, Secret Garden, Florería Gallardo, Reysol, Florería Bella Bell Bell y Detalles, y Globopolls Reynosa anunciaron el cierre de sus locales o la suspensión de la venta de flores ante presuntos actos de extorsión y cobro de piso, mientras otros comercios del giro optaron por mantener únicamente la comercialización de otros productos.
Aunque no todos los negocios señalaron públicamente el motivo del cierre, algunos sí atribuyeron la decisión directamente a la inseguridad, y comerciantes que pidieron el anonimato explicaron que la presión no se limitaba al cobro de piso, sino que además los obligaban a adquirir la mercancía que ofrecían directamente de los grupos criminales que operan en la ciudad.
Ante los anuncios difundidos en redes sociales, la FGJT implementó un operativo de prevención y proximidad en las florerías ubicadas a un costado del cementerio municipal Sagrado Corazón, sobre el bulevar Miguel Hidalgo en Reynosa, con visitas a 25 establecimientos donde los comerciantes manifestaron tener conocimiento de la situación señalada en las publicaciones.
De acuerdo con la Fiscalía, esas prácticas estarían relacionadas con una presunta distribución de flores vinculada con personas relacionadas con la delincuencia organizada y se habrían mantenido desde 2025, afectando los precios finales al consumidor.
Las indagatorias derivadas de esas denuncias públicas en redes sociales permitieron ubicar un punto de distribución señalado como parte de la red investigada, identificado como el establecimiento “Flores Imperial”, en el cruce de las calles Veracruz y Sinaloa, en la colonia Rodríguez, cerca del centro del municipio fronterizo.
En un operativo encubierto realizado en ese domicilio, la FGJT detuvo a un presunto integrante del crimen organizado identificado como Jesús Eduardo “N”, señalado como eslabón de una red que obligaba a los floristas de Reynosa a comprar mercancía a sobreprecio y que además los mantenía bajo extorsión o cobro de piso.
También fue detenido el operador de un tráiler utilizado para el transporte de las flores que los comerciantes de la ciudad tenían que comprar, identificado como Jesús “S”. En el lugar, los agentes aseguraron el tráiler cargado con flores y otros indicios relacionados con la investigación. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Jesús Eduardo “N” fue detenido un sábado alrededor de las 09:30 horas y quedó a disposición del Ministerio Público del fuero común, donde continuará bajo proceso para determinar su grado de participación y la posible existencia de más integrantes de la organización.
Las recomendaciones a comerciantes
Ante el escenario que enfrentan los comercios de Reynosa, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) difundió recomendaciones dirigidas a quienes sean víctimas o reciban amenazas de extorsión, entre ellas conservar la calma, evitar cualquier confrontación, priorizar la seguridad de trabajadores y clientes, y conservar evidencias que puedan contribuir a una investigación, como mensajes, videos, números telefónicos, cuentas o cualquier otro elemento relacionado con las amenazas.
La cámara empresarial pidió además realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades y, en caso de recibir una llamada de extorsión, no realizar depósitos ni cumplir exigencias económicas, registrar los datos de la llamada y reportar de inmediato la situación al 911 y al 089, así como a la Unidad de Manejo de Crisis y Negociación, disponible las 24 horas en el número (834) 251-50-88. Durante un operativo reciente, agentes de la Policía Investigadora invitaron a comerciantes y ciudadanos de Reynosa a presentar denuncias ante las autoridades en caso de haber sido víctimas de algún delito.
En el plano legislativo, la diputada Carmen Guillén Vicente presentó ante el Congreso del Estado una Proposición con Punto de Acuerdo para que la FGJT y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública analicen la viabilidad técnica y jurídica de incorporar a los mecanismos de recepción y análisis de denuncias una variable adicional: el origen de los datos personales que el extorsionador conocía previamente sobre su víctima.
“Una llamada de extorsión adquiere una capacidad de intimidación mucho mayor cuando quien la realiza conoce previamente información acerca de su posible víctima”, señala el documento, el cual aclara que no pretende atribuir responsabilidad a ninguna fuente de filtración sin elementos que lo acrediten, ni crear una nueva institución o base de datos personales. “Para combatir la extorsión es necesario seguir la llamada y seguir el dinero. Pero frente a las nuevas modalidades delictivas debemos aprender también a seguir el dato”, expone la iniciativa, la cual, de prosperar, solo facultaría a las dos autoridades para determinar primero si la medida es legal y técnicamente viable antes de incorporarla a sus procesos.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por su parte, habilitó plataformas digitales de consulta pública para que la ciudadanía identifique números telefónicos previamente vinculados a fraudes y extorsiones ya documentadas por las autoridades, mientras que la Guardia Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano despliegan células mixtas de reacción en corredores comerciales estratégicos de Ciudad Victoria, Tampico, Reynosa y Nuevo Laredo. La FGJT reporta órdenes de aprehensión ejecutadas y sentencias condenatorias logradas por extorsión agravada, algunas de ellas en coordinación con fiscalías de otras entidades del país que investigan a las mismas células criminales, aunque organizaciones civiles insisten en que estas acciones institucionales resultan insuficientes mientras no se reconstruya la confianza ciudadana mediante un sistema de procuración de justicia blindado contra la filtración de datos personales de los denunciantes.
