De las 406 recomendaciones que la Auditoría Superior del Estado (ASE) emitió a los ayuntamientos de Tamaulipas derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, únicamente 81 fueron atendidas, lo que representa una tasa de cumplimiento de apenas 19.9 por ciento, de acuerdo con el último Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior que el órgano técnico entregó al Congreso del Estado.
La cifra contrasta con el nivel de respuesta del propio Gobierno del Estado y sus dependencias, que atendió 308 de las 430 recomendaciones que recibió, equivalente a 71.6 por ciento.
Es decir, mientras las dependencias estatales resolvieron más de dos terceras partes de las observaciones señaladas por la ASE, los municipios dejaron sin atender ocho de cada diez.
El documento, dirigido a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado que preside la diputada Eliphaleth Gómez Lozano, detalla que la fiscalización de la Cuenta Pública 2024 se realizó sobre un universo de 162 entidades sujetas a revisión, entre poderes del Estado, organismos autónomos, dependencias estatales, entidades paraestatales, organismos públicos descentralizados y los 43 municipios.
El proceso derivó en la entrega de 199 informes individuales de auditoría, distribuidos en tres etapas entre 2025 y 2026, lo que de acuerdo con el propio órgano refleja un ejercicio de fiscalización de mayor alcance respecto a periodos anteriores.
Ese incremento en la capacidad de detección, sin embargo, no vino acompañado de una respuesta proporcional por parte de los entes auditados, particularmente en el ámbito municipal.
El informe documenta que, de las 16 auditorías de desempeño practicadas a ayuntamientos, ninguna obtuvo un dictamen positivo. Nueve concluyeron con salvedad, cinco con dictamen negativo y dos con abstención de opinión, la calificación más severa que puede emitir el órgano fiscalizador, reservada para los casos en que la información proporcionada resulta insuficiente para pronunciarse sobre la gestión revisada.
Entre los casos individuales, el municipio de Río Bravo concentra las dos abstenciones de opinión del informe: una en la auditoría de servicios públicos municipales, donde de 24 recomendaciones emitidas no se atendió ninguna, y otra en materia de ayudas sociales y becas, con 31 recomendaciones y cero atendidas.
Reynosa y Tampico, por su parte, recibieron dictamen con salvedad en servicios públicos municipales pese a no haber atendido ninguna de las 18 y 20 recomendaciones que se les formularon, respectivamente. Nuevo Laredo atendió solo una de 37 recomendaciones en el mismo rubro.
En el bloque de auditorías con dictamen negativo, Victoria destaca por haber atendido apenas dos de las 40 recomendaciones relacionadas con el ejercicio de ayudas sociales a personas, mientras que El Mante y San Fernando obtuvieron el mismo dictamen negativo en servicios públicos municipales, con cero y siete recomendaciones atendidas de 23 emitidas en cada caso.
El informe también identifica un caso que se aparta del patrón general: la auditoría a Ciudad Madero en materia de servicios públicos municipales no registra ninguna recomendación emitida ni atendida, pese a concluir con dictamen “Con Salvedad”, sin que el documento ofrezca una explicación adicional sobre las razones de esa ausencia de observaciones.
La ASE atribuye parte de las deficiencias detectadas en el ámbito municipal a debilidades en la implementación de lineamientos de transparencia, racionalidad, economía, control y rendición de cuentas, así como a la falta de sistemas contables que cumplan con las reglas del Consejo Nacional de Armonización Contable y a la ausencia de procedimientos internos para la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios conforme a los montos y rangos que establece la ley de la materia.
Respecto a los alcances del proceso de fiscalización, el informe precisa que, una vez notificadas las recomendaciones a cada entidad, éstas cuentan con 30 días hábiles para presentar información adicional, y que el órgano técnico dispone posteriormente de 120 días hábiles para pronunciarse sobre las respuestas recibidas; en caso de no hacerlo, la ley establece que las recomendaciones se tienen por atendidas, de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas.
Pese a los resultados documentados, la Comisión de Vigilancia del Congreso, en la evaluación de desempeño realizada a la propia ASE y notificada el 22 de octubre de 2025, calificó como “altamente satisfactorios” los resultados del órgano fiscalizador, y concluyó que su labor “ha generado impactos tangibles en la mejora de la gestión pública” en el estado.
El informe será ahora materia de análisis por parte del Congreso del Estado, que de acuerdo con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas es la instancia facultada para dar seguimiento a las acciones y recomendaciones derivadas del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2024.
