Por Perla Reséndez
Dos detenciones realizadas el mismo día en el sur de Tamaulipas reactivaron la atención sobre dos investigaciones por homicidios múltiples que marcaron la historia reciente del estado: la masacre de 19 personas, en su mayoría migrantes, en Camargo, ocurrida en 2021, y la muerte de ocho personas en hechos registrados en Nuevo Laredo en 2019.
En ambos casos, las indagatorias concluyeron que los responsables fueron agentes de corporaciones de seguridad del propio Gobierno estatal.
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que el 26 de octubre de 2026 fueron detenidas Berenice “N”, alias “La China” o “La Sheena”, y Edith “N”, ambas mediante órdenes de aprehensión emitidas por jueces de control.
En el primer caso, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden contra Berenice “N”, exintegrante del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), por su probable participación en el delito de homicidio calificado. La detención se realizó en la colonia Albañiles, en Altamira, y su caso está relacionado con los hechos ocurridos en enero de 2021 en el municipio de Camargo.
La masacre de Santa Anita
El 22 de enero de 2021, en un camino de terracería del ejido Santa Anita, en Camargo, autoridades localizaron dos vehículos calcinados; en el interior de una camioneta se encontraban los cuerpos de 19 personas. De acuerdo con la información oficial, entre las víctimas había 16 guatemaltecos, un salvadoreño y dos mexicanos, quienes fueron asesinados con armas de fuego y posteriormente incinerados.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas, cinco de las cuales tenían entre 15 y 17 años de edad, así como el uso ilegítimo de la fuerza por parte de los agentes.
Camargo forma parte de la llamada Frontera Chica, corredor utilizado para el trasiego de drogas y el tráfico de personas hacia Texas. Las investigaciones establecieron que los migrantes fueron perseguidos por policías estatales e integrantes del entonces Gopes de la Secretaría de Seguridad Pública.
Las pruebas de balística confirmaron que al menos 12 agentes dispararon, y las autopsias determinaron que las víctimas murieron por heridas de bala o por quemaduras.
En este caso, integrado en el proceso penal 23/2021, el juez Patricio Lugo Jaramillo declaró culpables a doce expolicías estatales. En 2023, once de ellos fueron sentenciados a 50 años de prisión y uno más, Ismael “V”, a 19 años por abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia, luego de colaborar con las investigaciones al confesar cómo operó el grupo policial y la manipulación de la escena de la masacre.
El expediente no se cerró con esas sentencias. En 2024, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo en Kyle, Texas, a Alan “A”, otro exagente del Gopes señalado por su participación en los hechos, quien fue entregado a las autoridades mexicanas.
A ello se sumó el caso de José Arturo “N”, alias “Baltazar”. El exagente fue detenido el 30 de marzo de 2026 y vinculado a proceso por homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos cometidos en el desempeño de funciones; sin embargo, el 3 de abril se fugó del Centro de Justicia Penal de Ciudad Victoria. La Fiscalía ofreció una recompensa de hasta 300 mil pesos por información para su localización, y dos elementos de la Policía Procesal fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en facilitar la evasión. A finales del mes pasado fue recapturado en el ejido Santa Engracia, en el municipio de Hidalgo, donde ya se había enrolado con un grupo criminal.
En enero pasado, al cumplirse cinco años de la masacre, familiares de las víctimas realizaron un acto de memoria en Guatemala, donde exigieron al Estado mexicano la reparación integral del daño y una disculpa pública. Organizaciones que acompañan a las familias han señalado que, pese a las condenas, el móvil de los asesinatos no ha sido esclarecido.
Segunda detención por ocho homicidios
Ese mismo 26 de octubre, agentes investigadores detuvieron a Edith “N” en la zona centro de Tampico, en cumplimiento de una orden judicial relacionada con una investigación iniciada en Nuevo Laredo.
La mujer es señalada por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada.
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos que se le imputan están relacionados con la muerte de ocho personas, cinco hombres y tres mujeres, el 5 de septiembre de 2019 en la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo. Las víctimas fueron identificadas como Wilbert, de 20 años; Jennifer, de 21; Severiano, de 34; Juana Yetzel, de 20; Enrique, de 20; Cindy Esmeralda, de 39; Luis Fernando, de 19, y José Daniel, de 19.
Ese día, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas presentó el hecho como un enfrentamiento con civiles armados, presuntamente integrantes del Cártel del Noreste, a quienes mostró con ropa táctica de tipo militar y armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Días después, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, encabezado por Raymundo Ramos, difundió imágenes, videos y testimonios que contradecían la versión oficial. Según la organización, las víctimas fueron sacadas de sus domicilios, trasladadas a una vivienda donde fueron torturadas, vestidas con uniformes que no correspondían a sus tallas y ejecutadas. Un conductor de grúa municipal declaró haber recibido instrucciones de policías estatales para llevar un vehículo al lugar donde después se reportó el supuesto tiroteo.
Investigaciones posteriores demostraron que los policías, integrantes del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET), alteraron la escena del crimen, colocaron casquillos percutidos y modificaron el lugar para simular un enfrentamiento. La CNDH abrió una investigación, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que debía haber un castigo ejemplar si se confirmaba la ejecución extrajudicial, y la Secretaría de Seguridad Pública suspendió temporalmente a los agentes que participaron en el operativo.
El 23 de septiembre de 2019, a petición de la Fiscalía Especial para el caso Nuevo Laredo, un juez de control libró órdenes de aprehensión contra siete agentes identificados como José, Guadalupe, Juan, Edith, Concepción, Francisco y Urbina, todos de apellido “N”. Dos policías del CAIET fueron detenidos e internados en el penal de Tula, de donde años después fueron liberados.
Otros tres se entregaron voluntariamente y recibieron un criterio de oportunidad; quedaron exentos de la prisión preventiva a cambio de confesar el montaje y actuar como testigos colaboradores, por lo que el fiscal especial Adelfo Gabriel González Pérez solicitó cancelar las órdenes en su contra. Los dos agentes restantes, una mujer y un hombre, permanecían prófugos; la Fiscalía ofreció por ellos una recompensa que inicialmente fue de 200 mil pesos y posteriormente de 250 mil.
En octubre de 2021, la defensa de los dos policías encarcelados ofreció a las familias 123 mil pesos como indemnización para evitar el juicio, propuesta que fue rechazada. En diciembre de 2024, la CNDH emitió la Recomendación 173VG/2024 dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, en la que atribuyó la responsabilidad al personal del CAIET y excluyó al Ejército y a la Policía Estatal, lo que fue cuestionado por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
En octubre de 2025, tras una huelga de hambre de casi tres días, sobrevivientes y familiares de las víctimas recibieron del Gobierno de Tamaulipas una propuesta para dar cumplimiento a la recomendación, que contempla la reparación integral del daño y atención psicológica. En esa ocasión, el Comité sostuvo que la carpeta no podía considerarse cerrada mientras no se capturara a los prófugos ni se revisara la situación jurídica de los policías beneficiados con el criterio de oportunidad.
