El memorando que Donald Trump envió al Congreso el 15 de septiembre traía una lista de exigencias para México y ningún plazo para cumplirlas, y seis días más tarde esas exigencias ya se discutían en la mesa comercial, de manera que un trámite antidrogas terminó sirviendo de palanca en una negociación de comercio.
Se difundió el 16 y ese mismo miércoles los dos mandatarios hablaron por teléfono, el 17 la presidenta respondió desde Palacio Nacional y el 18 confirmó la llamada sin revelar su contenido, cuatro movimientos en cuatro días sobre expedientes que se tramitaban por separado.
Veintitrés naciones aparecen en esa lista, entre ellas China e India, y México figura como cada año sin caer en la categoría de incumplimiento demostrable, que esta vez tocó a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia. El texto reconoce que este gobierno incautó más droga, desmanteló laboratorios, mandó recursos a la frontera y colaboró contra los cárteles.
Las exigencias son puntuales, reforzar la cadena de suministro con más participación privada, subir las inspecciones en puertos de entrada e invertir más en seguridad, y hay una que pesa distinto, desenmascarar, detener y enjuiciar a funcionarios que, según la redacción del documento, traicionaron la soberanía de su propio país.
El párrafo de mayor calado llega después, cuando Washington describe lo que pasa en México como organizaciones narcoterroristas que dominan amplias zonas de su territorio, y sobre diagnósticos de ese tipo se han montado las amenazas de atacar por tierra a los cárteles que Trump repite desde enero.
Ninguna autoridad mexicana ha reconocido esa descripción, y el propio documento la desmiente unos renglones antes, cuando se acredita haber colaborado en la caída del Mencho, abatido en Jalisco en febrero, porque esa clase de operativos conjuntos no se ejecuta en un territorio perdido.
La presidenta contestó el 17 y dijo que no necesitamos que nos juzguen desde afuera, pidió evaluación en los dos sentidos, con Estados Unidos rindiendo cuentas sobre consumo, distribución y lavado, y sostuvo que su gobierno persigue a funcionarios ligados a lo ilícito sin ver colores, para cerrar ofreciendo cooperación con respeto mutuo a la soberanía.
Su argumento de mayor peso fue el de las armas, porque el apartado sobre México exige perseguir las finanzas del crimen y no menciona los rifles que cruzan hacia el sur, que son los que explican ese poder de fuego, así que la evaluación termina calificando a un solo lado de una frontera que tiene dos.
El instrumento se llama determinación presidencial, corresponde al año fiscal 2027 y es una facultad unilateral anclada en la ley estadounidense de asistencia exterior, donde descertificar corta la ayuda salvo la humanitaria y obliga a Washington a oponerse a créditos multilaterales, sin crear obligación legal alguna para México.
Ahí está la asimetría, porque en materia penal Washington no puede ordenarle nada a este país, mientras llega a la mesa comercial con bastante capacidad de presión, y en ese margen entre lo exigible y lo negociable ocurre todo lo demás.
Con el reclamo sobre funcionarios coludidos hay que ir con cuidado, porque esa colusión está documentada desde hace décadas y perseguirla es deuda interna antes que concesión al vecino, aunque la facultad de detener y procesar les toca a la Fiscalía General y a los jueces, no a un documento redactado en otra capital.
La mezcla de agendas no empezó con este memorando, porque el comunicado conjunto de la tercera ronda, del 21 al 23 de julio en la Ciudad de México, ya traía la seguridad económica entre sus temas, y medios financieros reportaron después, citando fuentes en Washington, que en la llamada salieron narcotráfico, reglas de origen y contenido chino.
Durante tres décadas México defendió que la seguridad y el comercio se trataran en mesas distintas, para que ninguna sirviera de rehén de la otra, y esa separación se está borrando sin que nadie firme nada. La revisión anual del tratado abrió la puerta, pues estaba prevista si las partes no confirmaban la extensión, y el 1 de julio no la confirmaron.
El efecto ya se ve en los cruces, según el sistema de puentes de Laredo, que entre octubre y julio registró 2 millones 491 mil 688 camiones de carga, apenas 5 mil 463 más que el periodo anterior, un alza de 0.2% frente a 5.2% de los vehículos ligeros y 3.2% de los peatones.
El comercio se frenó antes de que se apruebe una sola regla de origen más estricta, porque la incertidumbre no espera a la norma, se adelanta a la decisión de producir aquí o en otra planta, y detrás de esa decisión hay una escena que en esta frontera todos hemos visto, los camiones de personal a las cinco y media, los portones que abren a la hora exacta, la fila con la credencial en la mano.
En Reynosa esa industria sostiene más de 140 mil empleos directos en poco más de 150 empresas, y el presidente de Index, Alfredo Guajardo Jiménez, lo dijo en febrero, ahí se genera 60% del trabajo y de las exportaciones de la región, mientras el estado concentra 7.3% del personal ocupado del país en establecimientos IMMEX.
Ninguna entidad tiene silla en esa negociación, así está diseñado el arreglo federal, y aun así aquí se cobra la cuenta. Desde la frontera lo sensato es medir antes que indignarse, porque un país que procesa a sus corruptos cuando lo manda su justicia deja de ofrecerle esa palanca a nadie.
Del cuadro salen tres escenarios, y el primero es que la cuarta ronda se haga a las prisas y cierre con anuncios parciales, porque se anunciaba para esta semana, Economía sigue sin confirmar fecha y Estados Unidos vota el 3 de noviembre. El segundo, que los compromisos de seguridad acaben escritos como metas verificables en la mesa comercial, con la determinación de septiembre haciendo de boleta anual.
El tercero se puede verificar mes con mes en ese mismo reporte de cruces, donde los vehículos ligeros vienen creciendo más de veinte veces más rápido que los camiones de carga. Si la brecha se cierra en los próximos meses, el análisis habrá fallado, y si se ensancha, lo que hoy se discute como asunto de soberanía tendrá que discutirse como asunto de empleo.
