Durante generaciones, familias de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros han tenido hijos en hospitales de Texas. Esos niños crecieron con dos nacionalidades: la estadounidense, por nacer allá, y la mexicana, que la Constitución reconoce a quien nace en el extranjero de padre o madre mexicanos. En esas casas la doble nacionalidad forma parte de la identidad y de una vida repartida entre dos ciudades, de modo que aquí se lee con cuidado una reforma que exigiría renunciar a ella para gobernar.
El martes 22, la Cámara de Diputados aprobó con 344 votos en lo general la reforma a los artículos 82, 116 y 122 constitucionales que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum. Un día después, las comisiones del Senado la avalaron sin cambios, 23 votos contra nueve. El pleno prevé votarla el martes 29 con la mayoría calificada a prueba, pues un senador del Verde ya anticipó su voto en contra.
Si el Senado la aprueba, faltará el aval de la mayoría de los congresos locales y su publicación; regiría desde el proceso electoral de 2028 sin alcanzar a quienes hoy gobiernan. Quien aspire a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno capitalina tendría que carecer de otra nacionalidad o renunciar a ella antes del registro, y ya en funciones no podría usar pasaporte extranjero ni acogerse a la protección de otro Estado.
Detrás de la propuesta hay una preocupación legítima. La Presidencia conduce la política exterior, y los gobernadores, sin facultades diplomáticas, atraen inversión extranjera y en la frontera tratan con autoridades del otro lado. Quien conserva la ciudadanía estadounidense sigue sujeto al fisco de ese país por sus ingresos en todo el mundo, un vínculo que por sí solo no estorba a la función pública.
Con las sanciones económicas el choque es más fácil de imaginar. Washington obliga a sus ciudadanos a acatarlas dondequiera que estén, y un gobernante con esa ciudadanía que pacte operaciones con un país o una empresa sancionados podría quedar expuesto en lo personal por una decisión tomada como autoridad mexicana.
Falta saber cuánta protección añade la renuncia a lo que la ley ya pide. Para los cargos que exigen ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad, la Ley de Nacionalidad pide a quien otro Estado también considera suyo un certificado, que se obtiene renunciando ante la cancillería a esa nacionalidad y a toda protección extranjera.
Esa renuncia surte efectos en México,
pero el otro país puede seguir considerando ciudadana a la persona, pues cada Estado decide quiénes son sus nacionales. La reforma apunta a ese hueco: según sus transitorios, los certificados ya expedidos seguirán valiendo para otros cargos, pero no para la Presidencia, las gubernaturas ni la Jefatura de Gobierno. En abril de 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la candidatura al Senado de Javier Corral, nacido en El Paso. El artículo 32 constitucional reserva los cargos para mexicanos por nacimiento a quienes
no adquieran otra nacionalidad, y el tribunal entendió que ese verbo supone un acto voluntario; Corral debía la estadounidense a su nacimiento y había renunciado a la protección extranjera. La minuta exige no tener ni adquirir otra nacionalidad, fórmula con la que un razonamiento así ya no alcanzaría para la Presidencia o una gubernatura.
Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas nacido en McAllen, confirmó en agosto que quiere competir por la Presidencia en 2030 y, al referirse a la propuesta, habló de una “fobia” del gobierno.
En febrero, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna aseguró que el exgobernador había renunciado a la nacionalidad estadounidense y exhibió documentos que, según su descripción, contienen una renuncia presentada ante autoridades mexicanas. Una renuncia así no acredita por sí sola la pérdida de la ciudadanía estadounidense. La sospecha de una dedicatoria pertenece a la lectura política, y esos papeles no la confirman ni la descartan. Los nombres de esta temporada se irán y el artículo 82 se quedará.
Frente a los intereses económicos, una casa o un negocio en Texas no vuelven desleal a nadie ni constituyen por sí mismos un conflicto de interés, que aparece cuando un interés privado puede interferir con una decisión pública. Esos bienes siguen sujetos a las leyes del otro país aunque su dueño renuncie a la ciudadanía; para vigilarlos están las declaraciones patrimoniales y de intereses.
La minuta deja a la ley la forma de acreditar la renuncia y no dice qué autoridad la revisará. Sus transitorios dan 90 días naturales al Congreso para ajustar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral, y el mismo plazo a los estados; entretanto, el decreto se aplicaría de manera directa. La sanción por incumplir en funciones remite al régimen de responsabilidades, sin precisar si cuesta el cargo.
La Presidencia anunció otra iniciativa para regular la renuncia ante autoridades mexicanas y extranjeras. Ni la minuta ni ese anuncio precisan qué ocurre si la respuesta de otro gobierno llega después del cierre del registro, ni cómo evitar criterios distintos entre el INE y cada instituto local.
Vista en conjunto, la reforma eliminaría para estos cargos, si la renuncia se comprueba, las obligaciones que nacen de otra ciudadanía, una ganancia precisa que no toca los vínculos económicos. Su justificación ganaría solidez si sus promotores mostraran en qué casos falló el certificado vigente.
De aprobarse, Tamaulipas estará entre los primeros estados en aplicarla: aquí se elige gobernador en 2028. En una tierra donde muchas familias tienen papeles de los dos lados, prefiero medir la lealtad de quien gobierne por lo que firma y por cómo decide. A esta reforma le exigiría algo más que llegar a tiempo: un procedimiento verificable y común para todas las autoridades electorales, con una salida para quien espere la respuesta tardía de un gobierno extranjero.
