Antes de las seis de la tarde del domingo 18, cuando cierre el registro en línea de Morena para sus coordinaciones municipales, en Tamaulipas habrá funcionarios que firmen su renuncia o pidan licencia para entrar a la carrera por una alcaldía. Alcaldes, síndicos, regidores y diputados, en cambio, podrán hacerlo sin dejar el cargo. Así lo dispone la convocatoria que el Comité Ejecutivo Nacional aprobó el 6 de octubre y publicó dos días después.
Formalmente, lo que se disputa es una función de organización territorial (la coordinación municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional). En la práctica de Morena, esas coordinaciones han funcionado como antesala de la candidatura, aunque la convocatoria no la garantiza. La Base Tercera exime de separarse a presidentes municipales, síndicos, regidores y diputados locales y federales, y pide renuncia o licencia a quienes forman parte de la administración pública federal, estatal o municipal o del Poder Judicial, así como a quienes tienen los cargos y responsabilidades partidistas que esa base enumera.
Para las 17 gubernaturas de 2027, la exigencia fue más estricta, porque la convocatoria de junio pidió separarse antes del registro a quien tuviera un cargo público, de elección popular o partidista, y eso produjo una cadena de licencias en el Senado y en San Lázaro. En ese proceso, el registro abrió el 22 de junio, los primeros coordinadores se presentaron a finales de agosto y los últimos siete, el 28 de septiembre.
A favor de la excepción hay un argumento atendible, pues obligar a cientos de alcaldes, regidores y legisladores a pedir licencia provocaría un relevo simultáneo de titulares en cabildos y congresos cuando a sus periodos les queda menos de un año. El costo de la excepción recae en el otro grupo: quien renuncie deja de percibir la remuneración de ese cargo durante una espera que puede llegar al 31 de diciembre, sin certeza del resultado, mientras el representante electo conserva su remuneración y la visibilidad institucional de su puesto.
Si tras revisar los registros quedan más de seis perfiles idóneos, la Comisión Nacional de Elecciones puede aplicar un sondeo de reconocimiento para quedarse con un máximo de seis, y después hasta dos encuestas propias y, si lo decide, hasta dos encuestas espejo externas. Un filtro que mide reconocimiento favorece a los perfiles que ya aparecen en la conversación pública, y pocas cosas dan tanta exposición como una curul o una alcaldía. La Comisión, además, conserva margen, ya que el documento aclara que cumplir los requisitos no garantiza por sí mismo la aprobación del registro.
En los 43 municipios rige la misma regla, pero su peso se concentra en los siete más poblados, donde vive 79.2% de los tamaulipecos según el Censo 2020. Reynosa, Victoria, Altamira y Nuevo Laredo, que suman 49.6% de la población, tienen la silla libre porque sus alcaldes, ya reelectos, no pueden buscar otro periodo consecutivo. En Tampico, Madero y Matamoros (otro 29.6%) los alcaldes van en el primero y pueden buscar la reelección, así que, si se registran y la Comisión recurre a la encuesta, la medición funcionará casi como un referéndum sobre su gestión.
Sobre el papel, los aspirantes no pueden colocar espectaculares, usar recursos públicos o programas sociales ni repartir dinero o regalos, y el gobernador, el gabinete y los alcaldes tienen prohibido mostrar preferencia por alguien. Vigilar esas reglas corresponde en primer término al partido, aunque el artículo 134 de la Constitución obliga en todo tiempo a usar con imparcialidad los recursos públicos. Ese mismo artículo prohíbe la promoción personalizada con propaganda oficial, así que una queja por mezclar gestión y promoción puede rebasar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y llegar a la autoridad electoral.
Victoria ensayó esta discusión en septiembre, cuando Rómulo Pérez, presidente del Consejo Estatal de Morena, aseguró que “no hay dados cargados, no hay nada para nadie”, y el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez, también aspirante, le respondió que, si buscaba candidatura, debía renunciar a su cargo en el partido o “los dados estarán cargados”. Ya publicadas las reglas, Pérez informó que deja la Subsecretaría de Enlace Legislativo para registrarse, como se exige a los servidores públicos, pero no anunció su salida del Consejo Estatal. La Base Tercera incluye expresamente a los comités ejecutivos estatales entre los cargos partidistas que obligan a separarse, pero no al Consejo Estatal, así que esa discusión sigue abierta.
Con varios funcionarios declarados aspirantes y una regla que no les deja otra vía, lo más probable es que las renuncias y licencias sigan llegando hasta el domingo, sobre todo en los cuatro municipios con silla libre, donde es razonable esperar más de seis registros. De aplicarse ahí el sondeo, los que pasen ese filtro tenderán a ser diputados, regidores y funcionarios recién separados de puestos visibles. También es previsible que crezcan las quejas por uso de recursos y promoción personalizada conforme se acerquen las encuestas, porque el que renunció tendrá incentivos para vigilar al que compite desde el cargo.
Del registro de octubre al 31 de diciembre, fecha límite de la Comisión, hay menos de tres meses, así que el partido no podrá repetir el plazo más largo de las gubernaturas. Si se acerca a aquel ritmo, lo razonable es esperar las definiciones en diciembre. Ni siquiera ganar la encuesta asegura la coordinación, porque el partido puede aplicar ajustes de paridad que cada aspirante acepta por escrito, y ya lo hizo en Nayarit, donde la encuesta estatal la ganó Héctor Santana y la coordinación fue para Jasmine Bugarín, del PVEM. Para el funcionario que renuncie, la apuesta será su quincena; para quien compite desde un cabildo o una curul, perder la encuesta no le quita el sueldo ni la tribuna.
