Por Perla Reséndez/Alfredo Peña
Un tribunal de enjuiciamiento con sede en Matamoros condenó a seis integrantes de un grupo criminal por su participación en el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses, ocurrido en esa ciudad fronteriza en marzo de 2023.
El caso dejó dos de las víctimas muertas, desató una búsqueda binacional y colocó a Tamaulipas en el centro de la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, el Tribunal de Juicio Oral impuso penas de 25 años y tres días de prisión a Juan Francisco “N”, Antonio de Jesús “N”, Gustavo Marcelino “N”, Luis “N”, Ever Noel “N” y José Guadalupe “N”. Los encontró responsables del delito de desaparición cometida por particulares.
En el caso de Ever Noel “N”, de origen guatemalteco, la pena se elevó a 37 años y tres días. El tribunal le sumó 12 años por homicidio simple intencional y le impuso el pago de 113 mil 595.03 pesos por reparación del daño, además de 25 mil 242 pesos por gastos funerarios. Los sentenciados son originarios de Tamaulipas, Hidalgo y Guatemala, y tienen entre 24 y 41 años.
La Fiscalía informó que el tribunal consideró suficientes las pruebas presentadas para acreditar la responsabilidad penal de los acusados. Como parte de las indagatorias se aseguraron cuatro vehículos, una ambulancia, un predio y dos inmuebles vinculados con los hechos.
Por los mismos hechos, un paramédico de Protección Civil de Matamoros, identificado como José Ángel “N”, fue sentenciado previamente a dos años de prisión y un año de inhabilitación para ocupar cargos públicos por el delito de abuso de autoridad. Según las investigaciones, una ambulancia de la corporación fue utilizada para trasladar y atender a los extranjeros heridos durante su cautiverio.
El secuestro
Los hechos ocurrieron el 3 de marzo de 2023. Ese día, Latavia “Tay” McGee, Eric Williams, Zindell Brown y Shaeed Woodard, residentes de Carolina del Sur, cruzaron a Matamoros en una camioneta. El grupo viajaba para que McGee se sometiera a una cirugía estética en esa ciudad.
Poco después de cruzar, fueron perseguidos y atacados a balazos por hombres armados. Un video grabado por testigos, que circuló de inmediato en redes sociales, mostró cómo los heridos eran subidos a la caja de una camioneta. Durante el ataque murió Areli Pablo Servando, una mujer mexicana que se encontraba en el lugar de manera circunstancial. Su caso recibió mucha menos atención mediática que el de los estadounidenses.
La desaparición detonó una movilización inusual. El FBI ofreció una recompensa de 50 mil dólares por información que permitiera rescatar a las víctimas. Autoridades federales y estatales desplegaron un operativo en la periferia de Matamoros, y la búsqueda se alimentó de la información que aportó a la agencia estadounidense una persona cercana a las víctimas.
El 7 de marzo, las fuerzas de seguridad localizaron a los estadounidenses en el ejido El Tecolote, en una vivienda de madera. McGee y Williams estaban con vida; este último tenía heridas de bala en una pierna. Brown y Woodard habían muerto. En el lugar fue detenido José Guadalupe “N”, de 24 años, señalado como vigilante del inmueble.
La carta del cártel
La versión oficial de la Fiscalía tamaulipeca planteó que las víctimas pudieron ser confundidas con otro grupo. Funcionarios estadounidenses citados por CNN sostuvieron que los atacantes los habrían tomado por traficantes de drogas haitianos. Esa hipótesis fue desestimada por el gobierno federal mexicano en la conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
El 9 de marzo, el caso dio un giro. Cinco hombres fueron abandonados atados de pies y manos en el cruce de las calles Primera y Lauro Villar, en Matamoros, junto a una cartulina.
En paralelo circuló una carta atribuida a una facción del crimen organizado, en la que el grupo pedía disculpas a la sociedad de Matamoros, a la familia de la mujer fallecida y a los estadounidenses, y aseguraba que entregaba a los responsables por haber actuado por decisión propia y en contra de sus reglas.
El secuestro tuvo eco en ambos lados de la frontera. En Estados Unidos reavivó el debate entre legisladores republicanos sobre designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. También motivó investigaciones federales paralelas. En una corte de Brownsville, Roberto Lugardo Moreno Jr. se declaró culpable en un caso relacionado con el suministro de armas a integrantes del grupo criminal involucrado, y en Houston se desahogaron otros procesos vinculados.
Con la sentencia, la Fiscalía de Tamaulipas cierra la etapa judicial contra los seis acusados, a más de tres años y medio de un caso que se convirtió en símbolo de la violencia en la frontera tamaulipeca.
