A menos de diez meses de las elecciones de 2027, el escándalo que involucra a Guadalupe Taddei y a sus socios pone en entredicho la imparcialidad y la legitimidad del INE, con repercusiones que erosionan la credibilidad de los organismos electorales locales, como el IETAM. El árbitro fue expulsado de la cancha cuando apenas comienza el partido y ahora enfrenta señalamientos que podrían trasladar el caso de los medios a los tribunales. Su salida, precipitada por las acusaciones de corrupción, ha abierto una crisis de confianza institucional en medio de una polarización política que amenaza con profundizarse.
El caso, con la opacidad propia de todo proceso legal —si es que se cumple tal cual debe—, alcanza a Tamaulipas, donde se asignaron contratos a Cajas Graf y Gráficas Corona JE para la proveeduría, impresión y material electoral de los procesos locales, según el informe del IETAM de 2021. Las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y de los órganos de fiscalización llevarán la revisión, por lógica, hasta los contratos de los institutos estatales.
Podrá alegar y decir lo que quiera Juan José Ramos Charre, pero el organismo que todavía preside fue metido en medio de un lodazal, y el problema no es solo lo que pase con los funcionarios; más bien, debe poner a pensar a medio mundo que el árbitro electoral que organizará el proceso de 2027 está en el centro de un escándalo sin precedentes que seguramente enturbiará la competencia.
Desde la ciudadanización del IFE en 1996, la fuerza moral del sistema electoral mexicano descansa en que los partidos acepten perder porque confían en quien cuenta los votos. Sin esa confianza, el reglamento sirve de poco. Los procesos judiciales seguirán sus propios tiempos —burocráticos o políticos—, pero el daño a la reputación ya ocurrió, y cualquier resolución posterior de los tribunales electorales podrá ser vista por ciudadanos y partidos como parcial o amañada.
El control de crisis al que están obligadas las autoridades estatales y federales —ante el riesgo de un 2027 cuestionado y judicializado— debe empezar desde ahora, para evitar que un árbitro debilitado por el escándalo y sin autoridad moral quede expuesto a que los partidos y candidatos con mayor peso, o menor apego a las reglas, aprovechen esta debilidad para presionar, desobedecer, judicializar cada acuerdo técnico e instalar en el imaginario colectivo la idea de que “elección ya está corrompida”, incluso antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.
En el caso específico de Tamaulipas, el dirigente del IETAM y una gran parte de los comisionados, tanto partidistas como apartidistas, han sido arrastrados por la crisis generada en el INE por Guadalupe Taddei y su socio favorito, José Alfredo Hernández Casillas, aunque aleguen que la asignación de contratos a Cajas Graf y Gráficas Corona fue a través de una licitación. Más allá de la inclusión amañada de estas empresas, tendrán que explicar todas las deficiencias que enturbiaron la elección.
Apenas el 10 de septiembre pasado se puso en marcha el proceso electoral que culminará en 2027, y la renovación en la cúpula del IETAM está atorada después de que los aspirantes a suceder a Charre no pasaron los filtros. La efervescencia y la intensa lucha por el poder que se libra al interior de los partidos generan un escenario complicado que irá enrareciéndose conforme se acerquen las definiciones internas y las campañas formales que desembocarán en las elecciones de junio de 2027.
En medio de este escenario se intensifica la lucha sin cuartel de los grupos de poder, quienes pretenden ganar a cualquier precio y usando las triquiñuelas que más les convengan, lo que precipita el debilitamiento de las autoridades federales y locales. En Tamaulipas, la guerra es soterrada porque la autoridad local ha apretado el control político, mientras que a nivel nacional la conversación pública es cada vez más tóxica y polarizada por la embestida de los detractores de la presidenta Sheinbaum.
Lo lógico es esperar golpes de timón para rescatar el control y relajar el ambiente político. No hacerlo sería imprudente y de alto riesgo para un gobierno local que aspira a una elección muy tersa, y para una presidenta que aún trabaja en sacudirse los estorbos del pasado.
