Por Raúl López García
Después de poco más de un mes de parálisis operativa provocada por la falta de recursos económicos, la Cruz Roja Mexicana en Tamaulipas proyecta reactivar parcialmente sus funciones en un plazo aproximado de tres semanas, aunque lo haría con una capacidad muy limitada: atención médica básica y una sola ambulancia para emergencias prehospitalarias.
Así lo dio a conocer Jesús Suárez, coordinador estatal de la institución, quien reconoció que la situación financiera es crítica y que la reapertura dependerá de la llegada de recursos extraordinarios por parte de la sede nacional.
“Si no se envía algún recurso económico, va a ser muy complicado”, advirtió al explicar que la institución mantiene adeudos acumulados de cuatro quincenas al personal, además de gastos pendientes de operación.
La suspensión de actividades marcó un hecho sin precedentes para la Cruz Roja en Tamaulipas. Según Suárez, nunca antes se había cerrado por completo la operación de la delegación estatal, una decisión que fue consecuencia de la falta de liquidez para cubrir salarios, insumos, combustible y mantenimiento de ambulancias. “Algo que nunca había pasado, la institución cerrada después de muchísimos años”, lamentó.
La estrategia de reapertura planteada contempla únicamente reanudar consulta médica básica y habilitar una ambulancia para responder emergencias, dejando fuera, por ahora, buena parte de la operatividad que tradicionalmente prestaba la delegación. Esto significa que la capacidad de respuesta seguirá siendo mínima frente a la demanda de servicios de auxilio y atención prehospitalaria en la capital y otras zonas del estado.
Suárez explicó que, ante la falta de fondos, él mismo aceptó asumir temporalmente la coordinación de forma voluntaria, sin recibir remuneración. Con 21 años dentro de la institución, dijo que su intención es ayudar a mantener viva la operación mientras se logra una reestructuración. “Me interesa que funcione… ahorita es de manera voluntaria”, expresó.
No obstante, reconoció que la magnitud del problema rebasa cualquier esfuerzo personal. Solo en salarios, la institución arrastra un rezago equivalente a cuatro quincenas, sin contar combustible, mantenimiento vehicular, insumos médicos y servicios generales. “Si dos quincenas eran pesadas, cuatro quincenas es el doble”, señaló al describir el deterioro financiero.
La situación se agrava porque el apoyo económico del gobierno aún no se ha liberado. De acuerdo con Suárez, esas aportaciones están pendientes y no forman parte del presupuesto regular de operación de la Cruz Roja, lo que deja a la institución sin margen de maniobra inmediato. “Ese apoyo sigue pendiente”, indicó.
Aunque algunas bases y delegaciones municipales continúan funcionando gracias a ingresos propios o apoyos locales, la estructura estatal sigue detenida y con severas limitaciones. En la práctica, esto significa que la red de servicios de emergencia de la Cruz Roja en Tamaulipas opera de forma fragmentada, dependiendo de la capacidad financiera individual de cada delegación.
El coordinador estatal confirmó que la nueva dirigencia nacional ya conoce la gravedad del panorama y ha sostenido reuniones para evaluar alternativas. La esperanza, dijo, es que se logren acuerdos en las próximas semanas que permitan al menos una reactivación básica. Sin embargo, evitó dar una fecha definitiva y dejó claro que todo dependerá de la disponibilidad presupuestal. “Tendrá que ser en dos, tres, cuatro semanas”, dijo.
Ex delegada rechaza desvíos
La exdelegada estatal de la Cruz Roja Mexicana en Tamaulipas, Graciela Guerra Álvarez, rompió el silencio en medio de la crisis que mantiene paralizada a la institución en el estado y rechazó tajantemente cualquier señalamiento por presuntos malos manejos financieros durante su administración.
En una declaración pública, afirmó que “nunca faltó un cinco”, y sostuvo que la actual situación de la delegación es consecuencia directa de decisiones tomadas por la sede nacional, no de irregularidades locales.
Guerra Álvarez aseguró que la narrativa sobre desvíos de recursos fue utilizada como argumento para intervenir y debilitar a la delegación estatal. “Ni un peso se desviaba. Ni un peso”, afirmó.
Incluso señaló que, en varias ocasiones, pidió a los representantes nacionales demostrar los supuestos faltantes, algo que —según dijo— nunca ocurrió.
La exdelegada explicó que una de las principales diferencias entre la delegación Tamaulipas y la sede nacional surgió a partir de la presión para adquirir ambulancias nuevas, unidades cuyo costo resultaba inalcanzable para las finanzas estatales.
Mientras desde oficinas centrales se impulsaba la compra de vehículos nuevos “a precio regular, caro”, la delegación buscaba opciones más viables, como ambulancias usadas y donaciones gestionadas en Estados Unidos. “Nosotros no podíamos comprar eso”, señaló.
Según Guerra Álvarez, la tensión escaló cuando la delegación estatal se negó a seguir lineamientos financieros que consideraban inviables.
Aseguró que, lejos de recibir apoyo ante problemas operativos o jurídicos, la sede nacional dejó sola a la representación de Tamaulipas, incluso frente a demandas laborales y conflictos financieros. “Sede nacional nos dejó solos, totalmente solos”, declaró, subrayando que la institución sobrevivía principalmente gracias al respaldo económico del Gobierno del Estado.
La exdelegada reveló que el gobierno tamaulipeco cubría cerca del 85 por ciento de los gastos de operación, con aportaciones mensuales que permitían pagar nómina y sostener los servicios. Detalló que tan solo en diciembre pasado se otorgó un apoyo de un millón y medio de pesos, mientras que a partir de enero la ayuda sería de 750 mil pesos mensuales.
“Si no nos apoya el gobierno, no podemos trabajar”, reconoció.
Sobre su salida como delegada estatal, relató que representantes nacionales acudieron a su domicilio para entregarle un oficio en el que se le informaba que dejaría el cargo y que la sede central asumiría la administración y operación de la delegación. Sin embargo, aseguró que ese compromiso nunca se cumplió. “No se hicieron cargo de ni un peso”, afirmó, calificando la decisión como “injusta, irresponsable e insensible”.
Guerra también explicó que la sede nacional justificó su remoción con una baja en la evaluación operativa de la delegación, que pasó de 57 a 55 por ciento. No obstante, consideró absurdo que una diferencia de dos puntos bastara para intervenir una delegación estatal, sobre todo cuando la supuesta falla se originó porque un coordinador no envió información administrativa.
Además, denunció que la delegación estatal tuvo que absorber las operaciones de la zona sur del estado —incluyendo Tampico, Madero y Altamira— por decisión unilateral de la sede nacional. Esa medida, explicó, casi triplicó los gastos operativos sin que se asignaran recursos adicionales, generando una presión financiera insostenible. “
