El PAN en Tamaulipas arrancó su proceso de renovación interna con el pie izquierdo, y no porque las reglas fallaran, sino porque nadie pareció sorprenderse.
Una de las dos planillas en competencia registró entre sus integrantes a un perfil que aparece en una sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señalado por presuntos vínculos con una red del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al fentanilo.
El señalamiento lleva un año en el dominio público. No era información oculta. Quien tomó la decisión de incluir ese perfil sabía lo que incluía.
La otra planilla no llega con las manos limpias tampoco. Responde a la estructura de un exgobernador cuyas cuentas y empresas familiares permanecen bloqueadas mientras avanzan procesos judiciales sin resolución.
Vale aclarar: en ambos casos se trata de procesos abiertos, no de sentencias. Pero la pregunta no es jurídica. Es política. ¿Estos son los mejores perfiles disponibles en el estado para dirigir un partido que presume de ser la alternativa?
La respuesta incómoda es que probablemente sí son los disponibles, y eso dice más sobre el estado del PAN tamaulipeco que sobre los propios candidatos.
Los mismos nombres circulan desde hace lustros. Quien hoy compite por la dirigencia ocupó antes una secretaría de Gobierno y una candidatura a la gubernatura. La política regional tiene memoria corta y agenda larga.
Ese fenómeno no es nuevo ni exclusivo de Tamaulipas, pero en un estado donde la relación entre vida pública y economía ilegal ha sido tema recurrente durante décadas, el umbral de lo que se considera aceptable merece revisión permanente.
El proceso coincide, además, con la entrada en vigor de una comisión creada precisamente para verificar la integridad de perfiles antes de que lleguen a la boleta, una reforma pensada para anticipar riesgos en lugar de administrar escándalos.
Este episodio se convierte, sin proponérselo, en uno de sus primeros exámenes prácticos. Y el examen llega antes de que el mecanismo haya tenido tiempo de afinar su funcionamiento.
Lo que está en juego no es solo quién presidirá el partido los próximos años. La dirigencia que salga de esta contienda definirá las candidaturas a alcaldías y diputaciones en 2027. Eso es lo que realmente se disputa el 5 de julio.
El votante tamaulipeco no participa en esa definición. Conocerá el resultado cuando ya esté tomado, en la forma de nombres impresos en la boleta. Así funciona la democracia interna de los partidos: en cuartos cerrados, con reglas propias.
El PAN ha construido durante años un discurso centrado en la legalidad y la integridad. Ese discurso tiene costos: obliga a sostenerlo también hacia adentro, no solo frente a los adversarios.
La frontera tamaulipeca es el mismo territorio donde el fentanilo que origina la sanción del Tesoro cruza hacia Estados Unidos, donde la tensión arancelaria presiona la planta maquiladora, donde el empleo formal depende de que la relación bilateral no se deteriore más.
Que un nombre vinculado a esa discusión aparezca en un proceso partidista no es un accidente. Es el retrato de un sistema donde los filtros internos todavía no están a la altura de los problemas que el propio partido dice querer resolver.
La pregunta que deja este proceso no es quién ganará la dirigencia. Es si el partido que resulte de esta elección interna tendrá la autoridad moral para pedirle cuentas a alguien más.
