El Gobierno federal prepara un paquete de reformas legales para reforzar el combate a la corrupción, con especial énfasis en el huachicol fiscal y las empresas factureras utilizadas para simular operaciones y evadir impuestos.
Según ha trascendido, la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con respaldo de legisladores de Morena, empresarios, académicos y especialistas, y busca convertirse en uno de los temas prioritarios del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, junto con el análisis del Paquete Económico 2027.
El proyecto plantea una reestructuración del Sistema Nacional Anticorrupción, con el objetivo de mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de investigar, fiscalizar y sancionar irregularidades. También contempla fortalecer los mecanismos de auditoría, ampliar las capacidades de vigilancia del gasto público y reducir los espacios de impunidad. Sheinbaum ha señalado la necesidad de fortalecer las herramientas del Estado contra la corrupción.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa trabajan en una propuesta conjunta para actualizar el marco institucional. Uno de los principales objetivos será combatir el huachicol fiscal, mediante mayores sanciones para quienes participan en redes de evasión relacionadas con la importación, distribución y compra de combustibles con documentación irregular. La iniciativa también busca cerrar el paso a las empresas fachada o factureras, utilizadas para justificar operaciones inexistentes y desviar recursos públicos. Además, se prevé fortalecer la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, mejorar la protección a denunciantes y crear nuevas capacidades de investigación para delitos como el robo de hidrocarburos.
La propuesta se suma a una serie de medidas adoptadas en el último año en respuesta al huachicol fiscal, luego de que el mega decomiso de combustible en el puerto de Tampico derivara en una oleada de detenciones, órdenes de aprehensión y una reestructuración normativa centrada en las aduanas del país.
En 2025 se aprobaron reformas a la Ley Aduanera que extendieron la vigencia de las patentes de los agentes aduanales de 10 a 20 años, con posibilidad de prórroga por un periodo equivalente, y los designaron como responsables solidarios del pago de contribuciones.
El dictamen, enviado al Senado, establece que los agentes deberán responder legalmente ante irregularidades detectadas en los despachos, mientras que los recintos fiscalizados quedan obligados a implementar sistemas de videovigilancia y trazabilidad en tiempo real.
La reforma también amplía de dos a tres años el periodo de las certificaciones de los agentes aduanales, autoriza a los importadores a presentar garantías mediante cartas de crédito, incorpora nuevas causales de suspensión o revocación de patentes —entre ellas estar sujeto a investigación penal, incumplir obligaciones fiscales o figurar en listas del Servicio de Administración Tributaria— y crea un órgano colegiado responsable de otorgar, suspender o revocar dichas patentes.
Asimismo, faculta a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para otorgar y revocar autorizaciones a empresas de mensajería y paquetería en el despacho simplificado de mercancías, e incrementa las multas para quienes incurran en infracciones.
Sheinbaum respaldó la reforma al destacar que las nuevas disposiciones para agentes aduanales tienen como propósito prevenir la evasión fiscal y el contrabando. «Mantuvimos diversas reuniones con la Secretaría de Hacienda que derivaron en ajustes a la propuesta inicial», indicó la mandataria, quien equiparó la función de los agentes aduanales con la de notarios y auxiliares del Gobierno en las operaciones de comercio exterior. Explicó que la iniciativa busca equilibrar las responsabilidades entre agentes y autoridades y garantizar procesos más transparentes y eficientes, con el propósito central de asegurar la rendición de cuentas, robustecer la recaudación y verificar el pago de los gravámenes al comercio exterior sin obstaculizar el flujo comercial. La mandataria señaló que durante años existió la herencia de patentes sin supervisión, por lo que ahora se busca modernizar el sistema y volverlo más equitativo.
