Las reglas para trazar la frontera en el río Bravo están escritas en un tratado de 1970, que confía su aplicación a una instancia binacional, la Comisión Internacional de Límites y Aguas, conocida como CILA. El 26 de octubre, la Oficina General de Tierras de Texas comunicó que, tras revisar archivos y levantamientos, había identificado nueve islas del río como propiedad estatal.
Suman unas 27 hectáreas en el tramo de Laredo a McAllen, frente a Tamaulipas, y según el comunicado esa determinación resuelve la incertidumbre sobre la jurisdicción y permite que la policía de Texas y el Departamento Militar del estado entren a vigilarlas. De acuerdo con la prensa texana, entre quienes pidieron la revisión figura la agencia federal de Aduanas y Protección Fronteriza.
El viernes 30, la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió con el tratado en la mano: el límite internacional corre por el centro del cauce normal del río y fija la soberanía sobre las tierras de cada lado, independientemente de su soberanía previa.
Según la Cancillería, es la CILA, facultada por ambos gobiernos, la que establece en qué lado queda cada isla, una atribución que ninguna autoridad estatal tiene. En su conferencia matutina del martes, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo esa postura y atribuyó el anuncio a la temporada electoral que vivía el estado vecino.
Leído completo, el comunicado texano es más acotado que su difusión, porque habla de propiedad estatal y admite que la oficina no ha confirmado actividad criminal en las nueve islas, pese a que la seguridad es su argumento central. Tampoco menciona el tratado de 1970 ni identifica una validación de la CILA, una omisión que no permite saber si hubo coordinación con ese organismo ni en qué términos.
Texas habla de propiedad y México de soberanía, dos categorías jurídicas que podrían convivir si las islas estuvieran del lado estadounidense del límite, un hecho que, conforme al acuerdo que invoca la Cancillería, debe establecer la comisión.
La distinción tiene efectos prácticos, ya que de la soberanía depende qué autoridades pueden entrar a esas islas y qué leyes rigen en ellas. El comunicado presenta la determinación de propiedad como fundamento del acceso operativo, sin explicar cómo se articula con el mecanismo binacional.
En 2023, el gobierno texano tendió en el cauce, frente a Piedras Negras, una barrera de boyas que la Cancillería consideró contraria al Tratado de Aguas de 1944 y al de Límites de 1970, y semanas después la Oficina General de Tierras declaró suya la isla Frontón.
La sección estadounidense de la propia CILA advirtió por escrito a la oficina texana, en abril de 2024, que Frontón es propiedad federal bajo su jurisdicción y que las obras realizadas sin su permiso pudieron constituir una ocupación no autorizada de terrenos federales. Texas sostiene hasta hoy que la isla le pertenece.
Dawn Buckingham, titular de la oficina, competía por un segundo periodo en la elección del 3 de noviembre, y el 29 de octubre la cuenta oficial de la dependencia escribió que esas tierras, antes no declaradas, ahora forman parte oficialmente de Texas. El calendario no alcanza para atribuirle una intención, pero ofrece una explicación plausible de por qué un asunto técnico, anunciado a poco más de una semana de la votación, se difundió días después como ganancia territorial.
Para Tamaulipas y para el país, el tramo donde ocurre la disputa pesa más que la superficie en juego. En esa franja están los cruces de Nuevo Laredo y Reynosa, y el puerto de Laredo reportó para 2025 un comercio de 353 mil 940 millones de dólares, más de 97% ligado a México.
En una frontera con ese volumen, la certeza sobre quién decide y con qué reglas funciona como un activo económico que una decisión unilateral pone a prueba. Esa prueba llega cuando el pacto comercial con Estados Unidos y Canadá sigue en negociación sin acuerdo para extender su vigencia, un proceso en el que el Congreso que se instalará en enero tendrá funciones de consulta y supervisión.
Al llevar la disputa al terreno del Tratado de Límites, la diplomacia mexicana eligió la vía adecuada, y el mismo instrumento marca el paso siguiente, porque encarga a la CILA delinear el límite en mapas y actualizarlos con levantamientos periódicos.
Con esa base, la comisión debería contrastar las coordenadas de las nueve islas con la cartografía binacional vigente y hacer públicos los resultados, con las mediciones que hagan falta. Los trabajos en el cauce corren por otra vía, distinta de los títulos de propiedad, porque el artículo IV del acuerdo de 1970 somete al juicio de ese organismo cualquier obra que pueda desviar u obstruir el escurrimiento normal del río.
Al amparo de ese artículo, México pidió en 2023 que todo trabajo en islas y cauce, incluido el desmonte, contara con el aval de la CILA, y en 2024 la sección estadounidense solicitó retirar las obstrucciones en Frontón y presentar modelos hidráulicos antes de toda obra nueva. Ese marco aplicaría si Texas decide desmontar también las nueve islas.
A Washington, que suscribió el tratado y responde por su cumplimiento, le toca aclarar si hace suya la conclusión de una oficina estatal y qué revisión o coordinación ha existido con la comisión binacional. Que una de sus agencias haya pedido el estudio de las islas vuelve necesaria una postura federal explícita sobre el alcance de la declaración texana.
Las 27 hectáreas en disputa ocupan poco espacio en el mapa, aunque la forma en que se resuelva su ubicación servirá de referencia para toda la frontera fluvial que el Bravo traza desde Chihuahua hasta Tamaulipas.
Si una declaración estatal de propiedad basta para actuar sin aclarar sus alcances frente al límite internacional, la incertidumbre recaerá sobre las ciudades que viven de esa frontera. Pasada la elección, Nuevo Laredo y Reynosa siguen necesitando saber qué autoridad puede actuar en el río y con qué respaldo.
