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Propuesta restringe trámites a deudores alimentarios

Por Perla Reséndez

Las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos podrían enfrentar nuevas restricciones para realizar operaciones ante notarios públicos en Tamaulipas, luego de que la diputación permanente del Congreso local aprobara una reforma a la Ley del Notariado.
La iniciativa, del diputado Armando Javier Zertuche Zuani, busca impedir que quienes incumplen con el pago de pensiones alimenticias puedan vender, donar o transmitir bienes, así como constituir sociedades, mientras no regularicen su situación o cuenten con autorización judicial.
El proyecto adiciona una fracción VI al artículo 31 de la Ley del Notariado para establecer que las y los notarios deberán verificar si alguna de las personas que intervienen en un acto jurídico aparece en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
En caso de estar inscrita, el fedatario público deberá abstenerse de autorizar la operación, salvo que el deudor demuestre haber cubierto o garantizado el pago de la pensión alimenticia, o presente una resolución judicial que lo permita.
En el dictamen se destaca que la reforma fortalece los mecanismos para garantizar el derecho de alimentos de niñas, niños y adolescentes, al vincular la función notarial con el registro estatal de deudores.
La diputada Lucero Deosdady Martínez López, explicó que el objetivo es evitar que quienes incumplen con esta obligación dispongan de su patrimonio para evadir el pago de la pensión alimenticia.
“El derecho de alimentos constituye un derecho humano indispensable para asegurar la subsistencia y el desarrollo físico, emocional, educativo y social de niñas, niños y adolescentes, por lo que su cumplimiento no puede quedar sujeto a la voluntad de quien tiene la obligación legal de proporcionarlos”, señaló.
La legisladora afirmó que la medida no vulnera el derecho de propiedad ni la libertad contractual, sino que representa una acción proporcional para privilegiar el interés superior de la niñez.
El dictamen fue incorporado al informe que será presentado al pleno del Congreso para su discusión y, en su caso, aprobación definitiva.